El hecho es de llamar la atención, más aún porque forma parte de una cruzada más amplia. Lo mismo ocurrió el domingo antepasado cuando Adal Ramones lloró - mientras la cámara le hacían un zoom al rostro - al tiempo que pedía a los delincuentes que nos "devolvieran a nuestro país". Episodio que siguió a la clausura de los Juegos Olímpicos cuando Javier Alarcón - Director de Televisa Deportes - preguntó al niño Mateo, el reporterito, si se sentía seguro cuando salía a la calle en China o en Noruega.
Televisa está en la batalla por la bandera de la seguridad, instalada en la lógica de convertirse en uno de los actores que califiquen si las autoridades lo están haciendo bien o mal en ese campo. No son los únicos. Hace unos días las comisiones de derechos humanos del país encabezadas por la CNDH de José Luis Soberanes, se unieron para anunciar que si en diciembre no hay resultados, los funcionarios públicos deben renunciar. Expresión que se suma a lo que ya han dicho otros actores como el periódico Excélsior y el resto de Grupo Imagen.
La idea no es mala. Si la obligación de las autoridades es hacer su tarea, la de medios y organismos de la sociedad civil es participar activamente en la vida pública. El problema surge cuando los otros actores se convierten en metapoderes: en actores capaces de decidir quién se queda y quién se va. De ahí que sea necesario tomar distancia frente a ese nuevo activismo para revisar qué están haciendo.
Apenas la semana pasada escuchaba a Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, explicar que la vigilancia resulta conveniente, incluso necesaria, siempre y cuando cumpla con una serie de criterios, entre ellos, que sea un ejercicio técnico. Si queremos medir el desempeño de los funcionarios requerimos de instrumentos transparentes que nos lleven a fijar la atención en lo importante y no en lo estridente.
La tarea es fundamental para no caer en el delicado tema de las subjetividades. ¿Cómo va a calificar Televisa el desempeño de los funcionarios? ¿Cómo lo harán las comisiones de derechos humanos o el periódico Excélsior? Para evitar cualquier suspicacia que pudiera llevar a la conclusión de que hay otras agendas e intereses de fondo, lo más conveniente es que todos estos actores hagan explícitos los criterios con los que estarán calificando; así todos podrán tener la seguridad de que no se trata de un asunto de filias y fobias.
De esta manera, también podremos contar con herramientas útiles que nos protejan de los golpes de imagen de uno u otro bando. En las últimas semanas, por ejemplo, se ha logrado la liberación de al menos cuatro personas que estaban secuestradas. También en estos días se han realizado aprehensiones de presuntos secuestradores, al tiempo que se ha detenido a policías que presuntamente protegían al narcotráfico. Son buenas noticias. El problema es que la falta de indicadores claros no permite conocer qué tan distintos son estos hechos de acciones anteriores o si simplemente se trata de acciones acompañadas por estrategias de comunicación.
En el mismo sentido tampoco podemos caer en el error de que un nuevo secuestro de alto impacto - incluso pensado así por el crimen organizado - confirme que entonces todas las acciones del gobierno son un fracaso y que lo que hemos visto es una mera simulación. Sólo con indicadores claros que podremos evaluar con mayor efectividad.
Pero esa es sólo una parte. El resto pasa reconocer que ninguno de los actores que se han subido a la palestra -medios, comisiones o personas destacadas de la sociedad civil - tiene el poder para pretender remover a nadie de su cargo. En su función de observadores pueden y deben dar elementos a la ciudadanía pero no sentenciar. De otra forma estarían desempeñando un papel que nadie les dio.
Bienvenida la supervisión a las autoridades, sólo tengamos cuidado de no olvidar que a los vigilantes, aunque sea de vez en cuando, también hay que vigilarlos.
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