lunes, septiembre 26, 2011

Contra el cinismo

¿Se puede cambiar al país? ¿es posible reunirse con un diputado o una senadora y decirle lo que necesitamos los ciudadanos? Apuesto a que la mayoría de los lectores dirá que no, que en México los políticos son ajenos a lo que nos preocupa y que eso de influir en el Congreso está reservado para los grandes poderes. No culpo a quien así lo crea pues eso se han empeñado en hacernos creer.

En nuestro país la mayoría de los mexicanos nos sentimos ajenos a la política. Su sola mención provoca bostezos y afirmar que alguien hace política es condenarlo a la sospecha inmediata. Creencias que sin duda tienen una dosis de sustento en la realidad pero que también se ha exagerado desde los medios una y otra vez. Envueltos en la supuesta bandera de la denuncia valiente, los medios están llenos de opinares que aseguran que todos los políticos son iguales y que mejor ni intentar dialogar con ellos porque de todas formas ni caso nos van a hacer.

Lo paradójico es que el saldo de esa lógica es que justo fortalece lo que se supone que pretende denunciar. Porque si nos alejamos de la política, el resultado es que las cosas sigan tal y como están. Por eso, en vez de caer en el lugar común de afirmar que actuar sirve de poco, vale la pena poner atención a todas las historias de éxito que se han presentado en el país en los últimos tiempos. Si bien el caso más emblemático es el del freno al impuesto a internet con la bandera de #InternetNecesario, ahora podemos agregar el caso de la #Ley5deJunio,que establece un nuevo marco legal para la operación de las guarderías en el país.

Impulsada por algunos de los padres de las víctimas del incendio de la GuarderíaABC de Hermosillo, en Sonora, y por el empuje de activistas como Daniel Gerherson (@Alconsumidor), la ley retoma buena parte de sus denuncias y ofrece mejores condiciones de vida para miles de familias. La ley es resultado del trabajo de meses, de tocar puertas en el Senado y en la Cámara de Diputados, para que los legisladores entendieran la importancia del proyecto. Y después de batallar, empujar el tema en redes sociales, hacer antesala en medios y en oficinas de políticos, los promotores de la ley lograron su propósito. Se trata de un caso digno de aplaudir.

Como también lo fue todo el cabildeo realizado por usuarios de internet, ciudadanos preocupados por la neutralidad de la red que lograron que el Senado mexicano fijara su postura en contra de un acuerdo contra la piratería que había sido negociado por el Poder Ejecutivo (#ACTA). Los activistas – que en su mayoría son personas comunes y corrientes, que no están de tiempo completo dedicados a la acción política –lograron ser escuchados por el Legislativo de tal forma que con el apoyo – una vez más – de redes sociales, medios tradicionales e interlocutores sensibles dentro del Congreso, lograron detener un tema que incluso tiene dimensiones internacionales.

Y la misma historia ha ocurrido en otros rubros: ley contra secuestradores, matrimonio entre personas del mismo sexo, reconocimiento del derecho al agua, y esperemos, con algunos puntos importantes de la reforma política.

El común denominador en estas historias es que fueron grupos de ciudadanos los que incidieron en la discusión. Que no obstante las resistencias y los grupos de poder contrarios a estas medidas, los activistas fueron capaces de sacar adelante una agenda. Y que contra lo que nos decimos todo el tiempo, también existen actores políticos dentro de las cámaras que son capaces de servir como aliados de esas luchas pues finalmente sin sus votos no serían posibles estas leyes, ya sea aprobarlas o frenarlas.

Ya son muchos casos como para creer que son hechos aislados. La evidencia muestra que sí es posible incidir pero ello requiere que seamos conscientes de la viabilidad de estas luchas. Dejemos de creer que no hay nada que hacer porque ese argumento es inútil, y por fortuna, falso.

En unos años tal vez nos demos cuenta de estos procesos que hoy está viviendo el país y reconozcamos el papel de muchos ciudadanos que hoy están dando grandes batallas, y lo mejor de todo, es que muchas de ellas las están ganando.

Twitter.com/mariocampos

viernes, septiembre 09, 2011

Todos contra las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una de las principales preocupaciones en las agendas gubernamentales. Lo fueron en Egipto en donde el gobierno incluso bajo el switch de internet para tratar de frenar la organización de la protesta política; lo fueron en Inglaterra en donde el primer ministro David Cameron señaló a esas plataformas como herramientas para la organización de actos vandálicos y lo son en México en donde en opinión de algunos se han usado como armas de propaganda y desinformación por parte del crimen organizado.

Prueba de ello son la persecusión en Veracruz de dos usuarios -uno de twitter y otra de Facebook- a los que acusa de terrorismo y sabotaje por haber reportado supuestos hechos de violencia, y en Tabasco en donde recién aprobaron una reforma al código penal que castiga hasta con cárcel a quienes difundan rumores que en opinión de las autoridades pongan en riesgo la seguridad del estado y sus habitantes.

Más allá de nuestra simpatía por estos espacios es posible entender la animadversión gubernamental. Por un lado porque es obvio que una sociedad más articulada y mejor comunicada entre sí es incómoda, particularmente para los regímenes autoritarios. Por el otro, porque es natural que desde el poder se critique el uso de twitter o facebook para organizar saqueos o para generar temor entre la población. Pero siendo legítimas esas críticas el error es la forma en que se está abordando el problema.

Porque si lo que se quiere es evitar que los
Ciudadanos se organicen para protestar, la solución no es impedir que dialoguen entre ellos a través de las redes sino atender las causas de la protesta social. Lo que proponen al vulnerar la
Privacidad de las comunicaciones es como si ante una crítica al gobierno por el desempleo, en vez de buscar alternativas económicas, se
prohibiera la impresión de periódicos para evitar la difusión de la inconformidad.

Y lo mismo está pasando en nuestro país. Si bien hay evidencia de que el crimen organizado usa los medios -nuevos o tradicionales- para sembrar miedo y condicionar nuestra conducta al difundir supuestos toques de queda, amenazas de violencia, o presuntos enfrentamientos, la solución no está en castigar a quien difunda esta información por las redes sociales, ya sea que lo reportado al final resulte cierto o falso.

Primero porque técnicamente no hay manera de rastrear todos los mensajes, detectar con precisión su origen y sancionar a todos los que compartan esa información con sus amigos o seguidores en las redes. Segundo porque la gran mayoría que hace circular esa información lo hace de buena fe, con el mejor ánimo de compartir datos que cree son útiles para sus contactos, ya sea un bloqueo, una balacera o una amenaza. Los gobiernos no pueden castigar a los ciudadanos por protegerse entre ellos.

En todo caso si lo que les importa es el interés público la prioridad debería ser evitar las condiciones que hacen creíbles esos rumores. ¿Por qué se difunde la existencia de una supuesta balacera? Pues porque ha ocurrido antes y los usuarios creen que es probable que se vuelva a presentar. La tarea del gobierno es darnos la seguridad de tal forma que sepamos que eso que nos están diciendo no puede estar ocurriendo.

Y en el caso -tristemente probable- de que no pueda garantizar esa condición, entonces debería constituirse como una fiable fuente de información. Si la gente encuentra en las autoridades las respuestas a sus inquietudes, entonces no andará buscando información en fuentes de dudoso origen.

Lo que necesitamos son más actores en las redes sociales, no menos. Y en la medida en que los gobiernos lo entiendan lo podrán asimilar. De lo contrario seguiràn en una guerra contra las redes sociales que tecnológica, cultural y políticamente desde ahora tienen perdida

Twitter.com/macamposc