En los últimos días, hemos visto varias notas sobre la decisión de la Suprema Corte, que dio marcha atrás a las expropiaciones de algunos ingenios azucareros. La noticia, en general, fue destaca como un revés para la administración de Vicente Fox. Indudablemente, de eso se trató.
Pero más allá de esa lectura, me parece que la noticia es mala para el gobierno pero muy buena para los mexicanos y también hay que decirlo.
Mi optimismo se debe a que la Corte determinó que no se justificó el interés público en la decisión de las autoridades, y por eso, ahora deben volver los ingenios a sus dueños originales.
Si bien esto puede resultarnos costoso en términos de recursos públicos, es destacable que el Poder Judicial proteja la propiedad de los particulares. Para mi ése es el fondo del asunto. Ahora los afectados fueron un grupo de industriales, pero quién me garantiza que el día de mañana, no seré yo, o serás tú, la víctima de una expropiación injusta.
Contar con esta protección – al igual que ocurrió con los dueños de los terrenos en donde está instalada la fábrica de la cooperativa Pascual – es un elemento fundamental en un sistema democrático y eso hay que celebrarlo.
En la misma lógica, también me parece positiva la decisión de otra autoridad – el IFE – que avaló la candidatura de Patricia Mercado, y con ello puso un alto al ingenioso Dr. Simi.
La medida es plausible porque se tomó con base en la legalidad. El tema no era, como algunos lo querían ver, si la autoridad electoral avalaba o no las aspiraciones de Víctor González Torres. Nos guste o no, el hombre tiene derecho a hacer política y ni el IFE ni ninguna otra instancia – salvo los electores – pueden prejuzgar sobre la calidad de los aspirantes.
Lo que no se puede hacer es incumplir las leyes y seguir adelante.
Cualquier otro criterio – que no fuera el estrictamente formal – habría sido un exceso que habríamos tenido que condenar.
Pero más allá de esa lectura, me parece que la noticia es mala para el gobierno pero muy buena para los mexicanos y también hay que decirlo.
Mi optimismo se debe a que la Corte determinó que no se justificó el interés público en la decisión de las autoridades, y por eso, ahora deben volver los ingenios a sus dueños originales.
Si bien esto puede resultarnos costoso en términos de recursos públicos, es destacable que el Poder Judicial proteja la propiedad de los particulares. Para mi ése es el fondo del asunto. Ahora los afectados fueron un grupo de industriales, pero quién me garantiza que el día de mañana, no seré yo, o serás tú, la víctima de una expropiación injusta.
Contar con esta protección – al igual que ocurrió con los dueños de los terrenos en donde está instalada la fábrica de la cooperativa Pascual – es un elemento fundamental en un sistema democrático y eso hay que celebrarlo.
En la misma lógica, también me parece positiva la decisión de otra autoridad – el IFE – que avaló la candidatura de Patricia Mercado, y con ello puso un alto al ingenioso Dr. Simi.
La medida es plausible porque se tomó con base en la legalidad. El tema no era, como algunos lo querían ver, si la autoridad electoral avalaba o no las aspiraciones de Víctor González Torres. Nos guste o no, el hombre tiene derecho a hacer política y ni el IFE ni ninguna otra instancia – salvo los electores – pueden prejuzgar sobre la calidad de los aspirantes.
Lo que no se puede hacer es incumplir las leyes y seguir adelante.
Cualquier otro criterio – que no fuera el estrictamente formal – habría sido un exceso que habríamos tenido que condenar.
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