Apenas iniciamos el tercer mes del 2006 y ya llevamos tres titulares de prensa basados en información obtenida ilegalmente. Primero, fueron las llamadas intervenidas a Kamel Nacif publicadas en La Jornada, luego el correo robado a Liébano Sáenz que dio a conocer La Crónica, y ahora estamos hablando de los audios difundidos por El Universal. El panorama es preocupante no sólo por lo frecuente que se está convirtiendo el fenómeno sino por la decreciente manifestación de condenas que generan estos hechos.
Con el argumento de la existencia de un “bien mayor”, columnistas como Miguel Angel Granados Chapa(Reforma 02/03) han defendido el papel de los medios en la divulgación de contenidos ilegales. Incluso, han señalado que la transmisión de estos materiales no es sólo una especie de derecho sino hasta una obligación inherente a su función social, y por tanto, se trataría de una conducta irreprochable. El argumento no se sostiene si pretendemos vivir en una sociedad en la que prive el Estado de Derecho pues es bajo la lógica del “bien mayor” que se llega a extremos como el de justificar la tortura de un sospechoso con tal de evitar un atentado terrorista.
Para seguir con las debilidades de ese planteamiento, vale la pena preguntarnos cuál es y quién define el contenido de ese valor superior. En otras palabras, cómo decidimos qué vale más, el derecho a la privacidad o la revelación de las presiones a favor de una ley. Para resolver ese dilema es que en las sociedades democráticas se reconoce a la ley como el único parámetro válido. De otra forma, viviríamos en un entorno en el que cada quién tendría la libertad de imponer su propia escala de valores, como vivimos alguna vez en México con el desarrollo de fraudes electorales con motivos “patrióticos”. (Quizá pensando que la defensa del estado laico “amenazado por los panistas”, valdría más que el respeto al voto de los mexicanos)
Por si esta argumentación no fuera suficiente, vale la pena refutar otro de los argumentos que se han difundido a favor de las publicaciones: la ilegalidad, han dicho, la cometieron los que obtuvieron la información, no los medios que la hicieron pública. Ese planteamiento se sostiene en casos como los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en Irak, que han quedado documentados en fotos y videos que los medios han convertido en materia de debate público.
La diferencia es que en algunos de los casos que han dado a conocer los medios mexicanos, sobretodo en este último, queda la impresión de que las grabaciones se hicieron expresamente pensadas para ser colocadas en la prensa como un instrumento de presión. Esta hipótesis parecería incluso validada por el propio tratamiento que ha dado El Universal a estos contenidos. El simple hecho de que se diera a conocer su existencia días antes de su publicación a través de la columna Bajo reserva, me hace pensar que se trataba de un envío de mensajes a sabiendas de que el diario es el único medio que cuenta con el material, de otra forma, no se pondría sobre aviso a otros medios que pudieran difundir la información antes que el propio periódico.
Esto, por supuesto, no quiere decir que El Universal sea el autor de las grabaciones, pero sí parece indicar que es imposible desvincular la grabación y la difusión. ¿No implicaría esto que los medios son corresponsables de la ilegalidad?
Con el argumento de la existencia de un “bien mayor”, columnistas como Miguel Angel Granados Chapa(Reforma 02/03) han defendido el papel de los medios en la divulgación de contenidos ilegales. Incluso, han señalado que la transmisión de estos materiales no es sólo una especie de derecho sino hasta una obligación inherente a su función social, y por tanto, se trataría de una conducta irreprochable. El argumento no se sostiene si pretendemos vivir en una sociedad en la que prive el Estado de Derecho pues es bajo la lógica del “bien mayor” que se llega a extremos como el de justificar la tortura de un sospechoso con tal de evitar un atentado terrorista.
Para seguir con las debilidades de ese planteamiento, vale la pena preguntarnos cuál es y quién define el contenido de ese valor superior. En otras palabras, cómo decidimos qué vale más, el derecho a la privacidad o la revelación de las presiones a favor de una ley. Para resolver ese dilema es que en las sociedades democráticas se reconoce a la ley como el único parámetro válido. De otra forma, viviríamos en un entorno en el que cada quién tendría la libertad de imponer su propia escala de valores, como vivimos alguna vez en México con el desarrollo de fraudes electorales con motivos “patrióticos”. (Quizá pensando que la defensa del estado laico “amenazado por los panistas”, valdría más que el respeto al voto de los mexicanos)
Por si esta argumentación no fuera suficiente, vale la pena refutar otro de los argumentos que se han difundido a favor de las publicaciones: la ilegalidad, han dicho, la cometieron los que obtuvieron la información, no los medios que la hicieron pública. Ese planteamiento se sostiene en casos como los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en Irak, que han quedado documentados en fotos y videos que los medios han convertido en materia de debate público.
La diferencia es que en algunos de los casos que han dado a conocer los medios mexicanos, sobretodo en este último, queda la impresión de que las grabaciones se hicieron expresamente pensadas para ser colocadas en la prensa como un instrumento de presión. Esta hipótesis parecería incluso validada por el propio tratamiento que ha dado El Universal a estos contenidos. El simple hecho de que se diera a conocer su existencia días antes de su publicación a través de la columna Bajo reserva, me hace pensar que se trataba de un envío de mensajes a sabiendas de que el diario es el único medio que cuenta con el material, de otra forma, no se pondría sobre aviso a otros medios que pudieran difundir la información antes que el propio periódico.
Esto, por supuesto, no quiere decir que El Universal sea el autor de las grabaciones, pero sí parece indicar que es imposible desvincular la grabación y la difusión. ¿No implicaría esto que los medios son corresponsables de la ilegalidad?
Ante estos hechos no me queda más que sumarme el planteamiento de Marco Levario Turcot, quien sin renunciar al análisis y a la crítica de las relaciones entre algunos medios y el poder público, es claro en su condena a la intervención telefónica, se trate la víctima de quién se trate.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario