Hace algunos meses advertíamos en este espacio sobre el creciente uso de estrategias de comunicación por parte del crimen organizado. En aquella ocasión, la pieza nueva eran las llamadas narcomantas que si bien ya eran conocidas en algunas ciudades, no lo eran en su uso como instrumentos de propaganda a nivel nacional. De la noche a la mañana decenas de lonas aparecían de norte a sur de la República Mexicana acusando a autoridades locales y federales de estar ligadas al crimen organizado.
El método, lamentablemente para el país, resultó de mucha efectividad. Los mensajes fueron retomados por los medios y reproducidos incluso en las primeras planas de algunos de los principales diarios. Y hasta en un gesto absurdo alguna autoridad citó el contenido de esas mantas para documentar el peso de un delincuente capturado, validando así la veracidad de sus dichos.
Pero los narcotraficantes parecen decididos a ir por más y ahora -según el gobernador del estado de Nuevo León, Natividad González Parás- habrían encontrado nuevos soportes para sus mensajes, más impactantes, más efectivos. Se trata de jóvenes, mujeres y niños que son la apuesta más reciente de los grupos que aspiran a debilitar a México y a sus autoridades. Usados como grupo de choque, estos pobladores son llevados -podemos suponer que mediante un pago económico de por medio- para que se manifiesten en contra de la presencia del Ejército mexicano en las calles; expresión que podría ser legítima y espontánea pero que se ve envuelta por la sospecha.
Las razones son muchas, el carácter violento de los participantes, el rostro encubierto de muchos de los integrantes y lo más revelador, la acción concertada en ocho ciudades del país. Cualquiera que haya participado organizando a la sociedad sabe que sacar a la población a las calles requiere usualmente dos elementos: trabajo de creación de conciencia y dinero, lo cual nos lleva a pensar que estas reciente expresiones difícilmente pueden ser entendidas como acciones naturales de la sociedad. O debemos creer que de forma casual los habitantes de ocho ciudades decidieron salir con la misma demanda.
El desafío es mayor. Por un lado porque genera una tensión entre las autoridades y estos manifestantes que muy probablemente no estén formalmente vinculados al crimen organizado. Por el contrario, de acuerdo a diversas crónicas periodísticas se trata en su mayoría de personas de escasos recursos que están siendo utilizadas. Siendo así se entiende que al mismo tiempo que la autoridad -local o federal- debe hacer cumplir la ley, debe ser muy cuidadosa en no caer en la trampa de reprimir haciendo un mal uso de la fuerza, lo que podría terminar generando una auténtica condena a los encargados de las áreas de seguridad, blanco entre otros, de estas estrategias.
Por otro lado, el tema es complejo para los medios de comunicación encargados de transmitir esta nueva situación. Como suele ocurrir en estos casos es importante evitar caer en los falsos dilemas: entre el rechazo a cualquier forma de protesta social y el aval incondicional a cualquier manifestación pues cualquiera de las dos posturas sería una mala explicación de lo que está pasando.
El tema, para ser entendido con seriedad, tendría que llevar a los medios a entender las estrategias y tácticas del comunicación del crimen organizado, a explorar y describir qué está pasando en esas comunidades que están siendo aprovechadas por el narcotráfico; y a evaluar la capacidad del Estado – incluyendo a su población y gobierno, en sus tres poderes y niveles de gobierno – para hacer frente a estos nuevos recursos de la delincuencia.
Con este nuevo capítulo de la guerra al narcotráfico queda en claro que el crimen organizado cada vez se mediatiza y se politiza más, y eso en si mismo, es algo que a todos debiera preocupar.
1 comentario:
La ruta de la criminalización de la manifestación social.
El derecho a la manifestación y expresión de la divergencia y la diferencia es un derecho que está consagrado en la constitución, de dicho derecho se ha hecho uso excesivo del mismo, lo mismo se manifiestan y cierran vías de desplazamiento vehícular muy importantes por la falta de luz que lo mismo deriva del incumplimiento de pago que por la pésima condición en la que se encuentra la infraestructura eléctrica y su sobre demanda, que hay manifestaciones por fraudes electorales sean ficticios o reales, como parte de este derecho se inserta una modalidad más, la manifestación de grupos sociales desamparados o en condiciones de precariedad económica y social que por unos cuantos pesos, muy necesarios para ellos, se prestan a la expresión de ideas que a todas luces enseñan la autoría intelectual de su expresión, sobre todo cuando esta fórmula comienza a repetirse continuamente, lo cual desgasta hasta el punto de la inutilidad y el hartazgo, puede ser sólo un mensaje de los grupos que se han insertado en la ilegalidad como modo de vida, donde enseñan la capacidad de movilización social y el caldo de cultivo y amplia penetración que la inequidad económica existente en nuestro país ha permitido que dichas manifestaciones tengan eco entre la sociedad, también pude ser parte de cierta torpeza en el uso de estas herramientas políticas, o mejor aún un muy refinado mecanismo de provocación y alertar sobre la presencia de grupos y organizaciones delictivas confrontados que buscan llaman la atención y buscar que en esta cacería ciertos lugares adquieran notoriedad mediática y se enfríen otras zonas geográficas de nuestra nación demasiado violentas en las últimas semanas, también es cierto que esta lucha es desigual hay una escalada en la violencia y no sólo eso, para el combate frontal unos tiene que respetar la ley para hacerla cumplir, mientras que por el otro lado existen todas las libertades y carencia de reglas para emprender sus acciones y alcanzar sus objetivos. Asimismo, hay una gran cobertura de los medios de comunicación que en no pocas ocasiones alerta con gran resonancia ciertos fenómenos que no son ubicados en su justa dimensión, en el ánimo de capturar la atención y elevar la ganancia comercial que ello significa no están reparando en que una cobertura tan desmedida genera un efecto inverso en la sociedad, también es cierto que por ello no deben cancelarse las voces de información sobre todo las que alertan sobre los excesos de las fuerzas de coerción legalmente constituidas, eso no puede suceder.
Qué camino habrá de tomarse no se puede acallar la información, no debe permitirse eso, el amedrentamiento que deviene de estas organizaciones criminales, como del poder público a los informadores y los medios de comunicación no debe ser tolerado, tampoco debe ser criminalizada y mucho menos condenada mediáticamente la manifestación como medio de expresión social, sólo en la diferencia y su expresión podremos encontrar causas y puntos de convergencia que nos permitan discernir la ruta del camino a seguir, estos tiempos demandan y requieren de ingenio y talento profesional de todos y cada uno de los actores sociales, de lo contrario no habrá nadie quien se quede a apagar la luz.
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