Decir a estas alturas del partido que las encuestas jugarán un papel relevante en el actual proceso electoral, resulta casi un lugar común. Sin embargo, hay que repetirlo porque en los últimos días se ha escrito mucho sobre los resultados de diversos estudios de opinión, pero se ha reflexionado poco sobre el rol que tienen y tendrán en las próximas elecciones.
Que las encuestas son útiles para ver tendencias es una verdad irrefutable, tanto como aquella que sostiene que su utilidad disminuye en la medida en que las distancias entre los contendientes se acortan. No es lo mismo decir que hay un candidato con 20 puntos de ventaja, que hablar de un escenario en el que sólo hay cinco puntos entre el primero y el tercer lugar, y ese parece ser, según diversos estudios, el panorama que vivimos en la actualidad.
Ante esta realidad, lo que hemos presenciado en los últimos días es el uso propagandístico de los sondeos. Obviemos por supuesto los trajes elaborados a la medida, pues ésos por burdos, son fácilmente refutables. Lo interesante se presenta cuando la lucha entre los actores se genera en torno a datos serios, pues sólo entonces la batalla tiene sentido. En ese momento lo que ocurre es una disputa por conducir la interpretación de la opinión pública; como todos sabemos no es lo mismo presumir que se sigue estando en la punta, a demostrar que lo que ilustra el estudio es una clara tendencia a la baja de quien iba en primer lugar.
El debate es en serio ya que es mucho lo que está en juego. Para algunos, es un certificado de su capital de negociación ante posibles alianzas. Se trata, ni más ni menos, del elemento clave para establecer el precio del acuerdo y eso no es poca cosa. Para otros, el objetivo es mostrar músculo ante patrocinadores y políticos, que apuestan sus activos por un candidato potencialmente ganador. Y naturalmente, también existen aquellos que más que presumir sus logros, apuestan por enterrar prematuramente a sus adversarios con el ánimo de darles cabida a sus viudas.
Por eso debemos tomar en serio a las encuestas, pero sin confundir su razón de ser. No es exagerado recordar que los estudios están lejos de ser pronósticos ni certificados anticipados de triunfo o derrota. Insistir en esta realidad se ha convertido en una obligación moral pues nos enfilamos, hasta donde alcanzamos a ver, hacia un escenario en el que la brecha entre el ganador y el segundo lugar será de unos poco puntos.
De ser así, no sería extraño que en la víspera de la elección se publiquen encuestas serias que den el triunfo a uno u otro participante, o incluso que pongan ligeramente por delante a un candidato distinto del que resulte finalmente electo en las urnas. No olvidemos que siempre hay un grupo de indecisos que puede inclinar la balanza en el último momento, más allá de lo que digan los sondeos previos.
Ante esta posibilidad, lo único sensato es apostar porque sean las instituciones electorales —el IFE y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación— las únicas socialmente aceptadas para validar el resultado. No hay más. No pueden ser los medios de comunicación, ni las encuestas. De no ser así, enfrentaríamos un panorama marcado por el conflicto abierto y la incertidumbre, y nada bueno resultaría para el país.
Se impone por lo tanto que quienes vayan a participar como candidatos en el próximo proceso electoral, reconozcan públicamente como legítimas a las autoridades electorales. La regla es muy clara: si se acepta competir, se reconoce la validez del árbitro. De lo contrario sólo se estaría especulando con el resultado: si se gana, se reconoce; si se pierde, se alega fraude.
A poco más de siete meses de la elección parecería exagerado este exhorto de no ser porque estamos a menos de quince días del registro formal de los aspirantes a la Presidencia de la República, y es este el momento para que los contendientes asuman de manera consciente el significado de su participación. Que conste esta primera llamada para que luego no digan que nadie se los dijo a tiempo.
Que las encuestas son útiles para ver tendencias es una verdad irrefutable, tanto como aquella que sostiene que su utilidad disminuye en la medida en que las distancias entre los contendientes se acortan. No es lo mismo decir que hay un candidato con 20 puntos de ventaja, que hablar de un escenario en el que sólo hay cinco puntos entre el primero y el tercer lugar, y ese parece ser, según diversos estudios, el panorama que vivimos en la actualidad.
Ante esta realidad, lo que hemos presenciado en los últimos días es el uso propagandístico de los sondeos. Obviemos por supuesto los trajes elaborados a la medida, pues ésos por burdos, son fácilmente refutables. Lo interesante se presenta cuando la lucha entre los actores se genera en torno a datos serios, pues sólo entonces la batalla tiene sentido. En ese momento lo que ocurre es una disputa por conducir la interpretación de la opinión pública; como todos sabemos no es lo mismo presumir que se sigue estando en la punta, a demostrar que lo que ilustra el estudio es una clara tendencia a la baja de quien iba en primer lugar.
El debate es en serio ya que es mucho lo que está en juego. Para algunos, es un certificado de su capital de negociación ante posibles alianzas. Se trata, ni más ni menos, del elemento clave para establecer el precio del acuerdo y eso no es poca cosa. Para otros, el objetivo es mostrar músculo ante patrocinadores y políticos, que apuestan sus activos por un candidato potencialmente ganador. Y naturalmente, también existen aquellos que más que presumir sus logros, apuestan por enterrar prematuramente a sus adversarios con el ánimo de darles cabida a sus viudas.
Por eso debemos tomar en serio a las encuestas, pero sin confundir su razón de ser. No es exagerado recordar que los estudios están lejos de ser pronósticos ni certificados anticipados de triunfo o derrota. Insistir en esta realidad se ha convertido en una obligación moral pues nos enfilamos, hasta donde alcanzamos a ver, hacia un escenario en el que la brecha entre el ganador y el segundo lugar será de unos poco puntos.
De ser así, no sería extraño que en la víspera de la elección se publiquen encuestas serias que den el triunfo a uno u otro participante, o incluso que pongan ligeramente por delante a un candidato distinto del que resulte finalmente electo en las urnas. No olvidemos que siempre hay un grupo de indecisos que puede inclinar la balanza en el último momento, más allá de lo que digan los sondeos previos.
Ante esta posibilidad, lo único sensato es apostar porque sean las instituciones electorales —el IFE y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación— las únicas socialmente aceptadas para validar el resultado. No hay más. No pueden ser los medios de comunicación, ni las encuestas. De no ser así, enfrentaríamos un panorama marcado por el conflicto abierto y la incertidumbre, y nada bueno resultaría para el país.
Se impone por lo tanto que quienes vayan a participar como candidatos en el próximo proceso electoral, reconozcan públicamente como legítimas a las autoridades electorales. La regla es muy clara: si se acepta competir, se reconoce la validez del árbitro. De lo contrario sólo se estaría especulando con el resultado: si se gana, se reconoce; si se pierde, se alega fraude.
A poco más de siete meses de la elección parecería exagerado este exhorto de no ser porque estamos a menos de quince días del registro formal de los aspirantes a la Presidencia de la República, y es este el momento para que los contendientes asuman de manera consciente el significado de su participación. Que conste esta primera llamada para que luego no digan que nadie se los dijo a tiempo.
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