Bajo esta premisa es que AMLO adoptó este punto como el nuevo corazón de su discurso, como antes hiciera con otros temas de la agenda como el Fobaproa, su llamado Proyecto Alternativo de Nación o su versión del supuesto fraude electoral.
El tema también fue un acierto porque al apropiarse de este eje se convirtió en el antagonista más claro, de tal forma que aprovecha toda la campaña impulsada por el gobierno federal a favor de la reforma energética. En otras palabras, cada vez que el gobierno habla del tema, en términos de percepción se piensa en dos opciones: la de la administración de Felipe Calderón, y la otra, la que representa López Obrador.
Si ya de por sí esta estrategia había resultado exitosa, López Obrador obtuvo un nuevo éxito cuando eligió como blanco al Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Objetivo que resulta estratégico por varias razones: es el operador más cercano del Presidente, y en ese sentido el hombre encargado de negociar con las fuerzas políticas la aprobación de las llamadas reformas estructurales, entre ellas, la energética; por si fuera poco, desde su nombramiento fue señalado por la clase política y periodística como uno de los precandidatos del PAN para la Presidencia de la República en el 2012.
Con esos elementos resultaba el objetivo ideal para golpear al Presidente y su gobierno. Y lo peor para la actual administración es que encontró con qué. No es el propósito de este post reflexionar sobre el fundamento de las acusaciones en contra de Mouriño, sino advertir sobre lo bien que van las críticas con la cultura política nacional, aquella que sostiene que toda sospecha en contra de un funcionario pública debe ser cierta. Contra ese prejuicio - fundado en parte por la historia nacional - es que debe lidiar Mouriño en su intento de defensa.
Y hasta ahora, hay que decirlo, no lo ha hecho bien. Quizá sea cierto que no aprovechó su papel como diputado o asesor de la Secretaría de Economía para beneficiar a las empresas de su familia. Tal vez sea verdad que al firmar siete contratos con Pemex como apoderado de Ivancar no violó ninguna ley. El problema es que aunque sea legal, la impresión que deja no es la mejor. En México, la sospecha de corrupción puede ser mucho más importante en términos de opinión pública que el estricto cumplimiento de la ley.
El Secretario lo ha ido aprendiendo por el camino más difícil. Pensó que bastaría con insistir en la legalidad en el noticiario estelar de Televisa; después se dio cuenta que tendría que dar más explicaciones, y ahora ha optado por una especie de entrega a la autoridad para que sea ésta la que se encargue de limpiar su nombre. Apuesta que difícilmente funcionará cuando es evidente que desde el gobierno y su partido se ha le ha dado todo el respaldo incluso antes de investigar. Aval que no sólo incluye a diputados, senadores y gobernadores del PAN, sino que alcanza al propio Presidente de la República.
Todo indica que para Felipe Calderón esta batalla se ha convertido en algo personal. Malas noticias para su gobierno, buenas para López Obrador quien ha descubierto que en su búsqueda de un adversario se ha encontrado con un valiosísimo rehén.
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