En primer lugar, me parece importante destacar que la presión del gobierno de Bush se dio a una empresa y no al gobierno de México. Hasta donde sabemos, la matriz de la cadena de hoteles recibió una llamada por parte de la administración estadounidense para exigirles que se expulsara a los funcionarios cubanos que en ese momento se encontraban haciendo negocios con empresarios norteamericanos. (Finalmente, el encuentro continuó en otro hotel.)
Según han dicho algunos, el gobierno mexicano debería protestar contra la expulsión pero hasta donde alcanzo a ver el problema no debe ser con EU sino con el hotel.
Finalmente, México no puede decidir sobre la relación que existe entre el gobierno de EU y las empresas, pero sí sobre el cumplimiento de las leyes mexicanas. En ese sentido, lo que creo que sí debe hacer el gobierno mexicano es intervenir para proteger a los consumidores, sean cubanos, mexicanos o norteamericanos.
¿De acuerdo a nuestras leyes se les puede expulsar a unos visitantes al tiempo que se le retiene el pago? Por supuesto que no. El problema es que en casos así la Profeco sólo interviene a solicitud de parte y los cubanos han dicho que no van a presentar una queja.
El segundo eje que podría provocar la intervención mexicana sería por una violación a las leyes contra la discriminación, pero en este caso – según han explicado autoridades del Gobierno del DF – también es requisito la denuncia de los afectados para poder proceder.
Más allá de esta lectura – con base en las leyes – entiendo que políticamente el tema da mucho material: se puede hablar de la provocación de los Estados Unidos, y del uso que ambas naciones (Cuba y EU) harán del caso para sus propias campañas de propaganda.
Entiendo la mala relación que existe entre el gobierno de Castro y México y que esto dará cuerda al conflicto, pero francamente, me parece que el gobierno mexicano no debería comprar el pleito como si se tratara de un asunto diplomático.




