
Les invito a que escuchen esta conversación exclusiva con el Dr. Mario Molina sobre su incorporación al equipo de Barack Obama.
Aquí el audio.
Como siempre, la conversación fue transmitida en el espacio de Antena Radio del 20 de noviembre.

Diego Fernández de Cevallos, Diódoro Carrasco Altamirano y Josefina Vázquez Mota, son sólo tres de las decenas de nombres que se publicaron en los últimos días como parte de las fallidas quinielas sobre la persona que ocuparía el lugar de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación. El fracaso de todas las listas, así como la abundancia de candidatos imaginarios, resultan reveladores de la manera en que se entiende y realiza una parte del periodismo en el país.
Ejercicio que pasa, por un lado, por el campo de las especulaciones. Formados en la escuela de la política priísta, una parte de los opinadores profesionales se dedican a buscar pistas para anticipar los movimientos de los gobernantes. Con esa consigna, miran guiños y símbolos para tratar de adivinar. Por el otro, en aras de adelantarse a los anuncios oficiales se recurre a las filtraciones y versiones difundidas de la propia clase política que en sus juegos de poder se convierte en la principal fuente de alimentación para las columnas que sirven como correo político.
Lo cierto es que con la designación de Fernando Gómez Mont como Secretario de Gobernación quedó en claro que esas apuestas y sus métodos,fracasaron. La historia podría quedar como una anécdota, como una lección de humildad para los especuladores o de escepticismo para los lectores que han visto que no pueden creer todo lo que se publica. Pero también puede y debe servir para mostrar cómo ese esquema en realidad poco aporta a la comprensión de los fenómenos políticos.
Y para entender mejor estos procesos vale la pena destacar que el caso mexicano no es el único en el que se ven estos aceleres de la prensa. Apenas esta misma semana, los lectores del diario estadounidense The Washington Post leían algo al respecto al conocer las declaraciones de una integrante del equipo de transición del presidente electo Barack Obama, quien se preguntaba de dónde sacaban los medios tantos nombre sobre el futuro gabinete. Ninguna de las listas publicadas - decía esta asesora - proviene del equipo que acompaña a Obama. Eran todos, inventos de la prensa política.
La pregunta entonces es de dónde y porqué surge esta conducta. Sin duda, de los actores políticos que aprovechan estas coyunturas para promover a otros o a sí mismos, incluso para eliminar las posibilidades de sus adversarios al hacerlos demasiado visibles. También, en ocasiones provienen de los propios encargados de la toma de decisiones que emplean a los medios como pasarela para poner a prueba a periodistas y opinión pública ante posibles designaciones.
Pero ésto no se podría entender sin la participación voluntaria y entusiasta de los medios de comunicación. Enganchados en la dinámica de ganar la noticia antes que nadie, abren sus páginas a las versiones no confirmadas en un juego que si bien podría pagarles cierta rentabilidad al poder decir, “nosotros lo anunciamos antes que nadie”, en los hechos los lleva a debilitar su credibilidad ante los lectores que bien pueden confirmar, visto el resultado, que sus periodistas no tenían la menor idea de lo que iba a pasar. La realidad, como confirmamos con el caso Gómez Mont, es que la toma decisiones en casos así pasa por un puñado de personas, cuando no por una sola voluntad, que en realidad es la única que sabe con claridad qué persona y perfil requiere para esa posición.
Si en los medios, al menos en los mexicanos, hubiera más autocrítica tendríamos que haber visto ejercicios de reflexión que les levaran – a más de un columnista o editorialista - a ofrecer disculpas a sus lectores. No lo hemos visto. Ninguno de los periodistas acertó con el nombre, lo cual no es reprochable bajo la premisa de que son profesionales de la información, no psíquicos. El problema, por tanto, está en prestarse a esta dinámica que no aporta nada.
A reserva de que alguno nos sorprenda, todo indica que ningún medio dará acuse de haber aprendido una lección; al menos nosotros como consumidores de medios, no desperdiciemos la oportunidad.
Las bombas de Madrid no se pueden entender sin la selección de la fecha en que tuvieron lugar: tres días antes de las elecciones generales del 14 de marzo. Hablar del objetivo del ataque resulta complejo, lo que sí es posible es hablar de los efectos: el ataque cambió el resultado de la elección; entre otras razones, porque las muertes fueron presentadas por los terroristas como la consecuencia que debió pagar España por haber avalado la guerra de Irak durante el mandato de José María Aznar. Si hasta el 10 de marzo por la noche todos estaban seguros del triunfo del PP, las urnas del 14 mostraron un resultado distinto, y como efecto de la promesa de campaña del ganador, España terminó por retirar sus tropas de aquel país.
No se trata de tender puentes artificiales entre dos hechos tan distintos pero sí poner atención en la lógica política que puede haber detrás de hechos de esta naturaleza. Bajo esta premisa es que planteo que lo que está pasando en México es que ciertos grupos del crimen organizado han agregado este componente a su modus operandi.
Si bien las autoridades mexicanas han advertido desde hace tiempo de la existencia de estrategias de comunicación del crimen organizado, éstas se han hecho más evidentes en las últimas semanas: la violencia en Yucatán, tanto física como psicológica; la aparición coordinada de mantas por todo el país, y las amenazas a gobiernos locales sobre posibles atentados la noche del 15 de septiembre, así lo confirman. Por eso lo que pasó en Morelia no parece ser una ocurrencia sino un acto premeditado pensado para lograr una serie de efectos políticos: primero, dar vida a un sistema de amenazas creíbles. Las advertencias sobre posibles atentados no son una novedad; lo distinto es que ahora han demostrado que están dispuestos a cumplirlas. Segundo, con ese ataque redefinieron los límites de la violencia posible.
El país enfrenta desde hace años una realidad que es muy difícil de aceptar pero que cada vez es más evidente: el nivel de violencia no está determinado por la capacidad de las autoridades sino por la autocontención del crimen organizado. ¿Cuántas veces hemos visto noticias que confirman la capacidad operativa de esos grupos? No obstante, no vemos en México ataques contra figuras políticas de mayor peso como gobernadores o secretarios de Estado; tampoco se habla de violencia indiscriminada contra población civil.
La pregunta, por tanto, no es por qué actuaron así en Michoacán sino por qué no lo habían hecho antes si evidentemente podían. Propongo dos hipótesis: la existencia de un acuerdo tácito que marcaría ciertos límites que de ser rebasados generarían tal respuesta gubernamental, que la sola idea era suficiente para disuadir a los grupos violentos; y dos, la idea de que la población civil es muchas cosas: mercado, fuente de ingresos, incluso en algunos casos espacio de protección, pero no enemiga declarada.
El ataque de Morelia sugiere que las dos líneas han sido rebasadas. Por un lado, los operativos del gobierno en contra de algunos grupos habrían roto con esa especie de acuerdo que definía lo posible; por el otro, habría que destacar el notable activismo de ciertos sectores de la población que han dejado de ser objetos para convertirse en sujetos activos, y en ese sentido, nuevos espacios de lucha.
Con el atentado se puede movilizar a la opinión pública en dos sentidos. Por un lado, se le puede llevar a justificar nuevas acciones de combate a la inseguridad, aún más duras; por el otro, se le puede convertir en un aliado que movido por el terror le exija al gobierno que reduzca el enfrentamiento ante esos grupos con tal de regresar los límites al punto anterior. En cualquier caso, lo que habría que analizar – y que ahora planteo más como pregunta que como respuesta – es qué tipo de efectos políticos se quieren lograr; quién gana y quién pierde con este nuevo panorama, y qué tipo de acciones se esperan alcanzar.
Hace tiempo que el crimen organizado en el mundo se vuelve cada vez más complejo; todo indica que ahora ha llegado el turno a México.
Si bien el tema no es novedoso, es un hecho que en las últimas semanas el fenómeno ha adquirido mayor complejidad y como ocurre con poca frecuencia, los medios de comunicación han empezado a mirarse al espejo para preguntarse qué hacer ante esta realidad. Lo hizo La Jornada cuando compartió con sus lectores las razones que le llevaron a presentar la nota de Yucatán en su primera plana (29/08), y lo hizo El Universal cuando debió pedir disculpas en su editorial por el mal manejo de la información sobre el secuestro de Silvia Vargas (28/08). Lo raro no es que los medios rindan cuentas a la sociedad; lo extraño y lamentable es que se haga con tan escasa frecuencia.
Desde hace tiempo la prensa es blanco de las estrategias de comunicación de diversos actores relacionados con la inseguridad, y por ello debe ser cuidadosa para no convertirse en vocera involuntaria. Sin embargo lo hace. Ahí está la fotografía publicada por Reforma (11/09) en la que mostraba caras, nombres y datos privados de personas que no tenían ninguna imputación judicial. Las autoridades en su desesperación por ganar credibilidad abrieron la llave de la filtración. Y el periódico se la compró.
Ya lo había hecho con otro actor más opaco, que días antes de la marcha multitudinaria contra la inseguridad y del segundo informe de gobierno, colocó mantas por todo el país para acusar a las autoridades de proteger a grupos del narco .(27/08) La información no fue verificada pero sí reproducida en la primera plana del diario. Estoy seguro que el objetivo era consignar lo inédito de la estrategia de comunicación, el problema es que al reproducir su contenido terminaron cumpliendo con la agenda de quién sabe quién.
Días después El Universal también fue usado, esta vez por las autoridades del Distrito Federal que revelaron que la persona acusada del secuestro de Fernando Martí tenía “3,000 fotos porno en su computadora”. (12/09) Nunca se explicó qué relación tenía ese dato con la investigación, excepto generar dudas sobre la honorabilidad de una una persona que tiene ese material. Se trataba de una estrategia moralista, no legal, y el medio cayó en el juego.
Los casos anteriores confirman que son momentos complicados para el periodismo. Por un lado, las autoridades están urgidas de dar resultados; por el otro, la sociedad está deseosa de recibir información. Y en medio, la prensa debe contener la ansiedad de unos y otros aunque eso resulte contrario a la adrenalina que con frecuencia acompaña a este tipo de información.
El debate es ya ineludible. Qué hacer con la información que siembra y distribuye el crimen con cada asesinato; cómo responder ante las filtraciones de autoridades que violan la ley, arriesgan los procesos y violan el derecho de las personas a la privacidad; cómo procesar la información relacionada con secuestros; cómo redactar las cabezas y las notas para no estereotipar mediante el uso de apodos, las referencias a tatuajes u otros datos que sólo refuerzan ciertas interpretaciones en vez de acercar al ciudadano a la verdad.
A estas alturas ya no cabe reivindicar el discurso de que los medios sólo son un espejo de la realidad. Ante lo evidente de su papel como actores centrales en esta guerra ya está demás alegar inocencia e ingenuidad. La buena noticia es que el debate ya ha empezado con mayor seriedad. La mala es que todavía no todos asumen que esta es una tarea pendiente desde hace mucho tiempo, tarea que ya no podemos evitar.
El hecho es de llamar la atención, más aún porque forma parte de una cruzada más amplia. Lo mismo ocurrió el domingo antepasado cuando Adal Ramones lloró - mientras la cámara le hacían un zoom al rostro - al tiempo que pedía a los delincuentes que nos "devolvieran a nuestro país". Episodio que siguió a la clausura de los Juegos Olímpicos cuando Javier Alarcón - Director de Televisa Deportes - preguntó al niño Mateo, el reporterito, si se sentía seguro cuando salía a la calle en China o en Noruega.
Televisa está en la batalla por la bandera de la seguridad, instalada en la lógica de convertirse en uno de los actores que califiquen si las autoridades lo están haciendo bien o mal en ese campo. No son los únicos. Hace unos días las comisiones de derechos humanos del país encabezadas por la CNDH de José Luis Soberanes, se unieron para anunciar que si en diciembre no hay resultados, los funcionarios públicos deben renunciar. Expresión que se suma a lo que ya han dicho otros actores como el periódico Excélsior y el resto de Grupo Imagen.
La idea no es mala. Si la obligación de las autoridades es hacer su tarea, la de medios y organismos de la sociedad civil es participar activamente en la vida pública. El problema surge cuando los otros actores se convierten en metapoderes: en actores capaces de decidir quién se queda y quién se va. De ahí que sea necesario tomar distancia frente a ese nuevo activismo para revisar qué están haciendo.
Apenas la semana pasada escuchaba a Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, explicar que la vigilancia resulta conveniente, incluso necesaria, siempre y cuando cumpla con una serie de criterios, entre ellos, que sea un ejercicio técnico. Si queremos medir el desempeño de los funcionarios requerimos de instrumentos transparentes que nos lleven a fijar la atención en lo importante y no en lo estridente.
La tarea es fundamental para no caer en el delicado tema de las subjetividades. ¿Cómo va a calificar Televisa el desempeño de los funcionarios? ¿Cómo lo harán las comisiones de derechos humanos o el periódico Excélsior? Para evitar cualquier suspicacia que pudiera llevar a la conclusión de que hay otras agendas e intereses de fondo, lo más conveniente es que todos estos actores hagan explícitos los criterios con los que estarán calificando; así todos podrán tener la seguridad de que no se trata de un asunto de filias y fobias.
De esta manera, también podremos contar con herramientas útiles que nos protejan de los golpes de imagen de uno u otro bando. En las últimas semanas, por ejemplo, se ha logrado la liberación de al menos cuatro personas que estaban secuestradas. También en estos días se han realizado aprehensiones de presuntos secuestradores, al tiempo que se ha detenido a policías que presuntamente protegían al narcotráfico. Son buenas noticias. El problema es que la falta de indicadores claros no permite conocer qué tan distintos son estos hechos de acciones anteriores o si simplemente se trata de acciones acompañadas por estrategias de comunicación.
En el mismo sentido tampoco podemos caer en el error de que un nuevo secuestro de alto impacto - incluso pensado así por el crimen organizado - confirme que entonces todas las acciones del gobierno son un fracaso y que lo que hemos visto es una mera simulación. Sólo con indicadores claros que podremos evaluar con mayor efectividad.
Pero esa es sólo una parte. El resto pasa reconocer que ninguno de los actores que se han subido a la palestra -medios, comisiones o personas destacadas de la sociedad civil - tiene el poder para pretender remover a nadie de su cargo. En su función de observadores pueden y deben dar elementos a la ciudadanía pero no sentenciar. De otra forma estarían desempeñando un papel que nadie les dio.
Bienvenida la supervisión a las autoridades, sólo tengamos cuidado de no olvidar que a los vigilantes, aunque sea de vez en cuando, también hay que vigilarlos.
Lo atípico en este caso, por lo tanto, no reside en el contenido ni necesariamente en la forma sino en la firma: grupos del narcotráfico que con esto confirman lo que es una verdad sabida, la delincuencia organizada en nuestro país diseña y pone en marcha estrategias de comunicación para impulsar una agenda.
Lo hace cuando luego de asesinar a una persona coloca sobre su cuerpo una manta o cartulina con la leyenda "por solplon", acto evidentemente pensado para inhibir cualquier proyecto de denuncia y participación social. La delincuencia hace también comunicación cuando acompaña al cuerpo sin vida de una victima de secuestro con la frase "por no pagar", y lo hace con toda claridad cuando como ahora, coloca mantas por todo el territorio nacional para mermar la ya de por sí disminuida confianza en las autoridades.
La pregunta por tanto no es cómo ni por qué lo hace sino qué debe hacer el resto de la sociedad. En primer lugar, los medios de comunicación que son los primeros destinatarios de estas estrategias de difusión. Como ocurre con cualquier otro actor, los delincuentes emplean a los medios como cajas de resonancia para su información, y de manera involuntaria, los periodistas terminamos jugando el papel de voceros al reproducir - y por ello multiplicar - los mensajes sembrados por esos grupos, y al hacerlo, desincentivamos la participación de la sociedad al tiempo que debilitamos aún más a los distintos gobiernos.
Por ello deberíamos tomar distancia de esta dinámica perversa. Bajo la premisa de que la denuncia de los medios es su función social hemos caído en un rol indeseable. Debemos dar cuenta, es cierto, de lo atípico, lo disfuncional, y la violencia es sin duda la ultima expresión de esa deformación social. El problema es que los medios no podemos apegarnos a esa justificación, por lo demás también cierta, sin mirar las consecuencias de nuestros actos.
Toca a los periodistas tener este debate largamente pospuesto o en el mejor de los casos sólo desarrollado de manera parcial. Hace falta definir qué se está cubriendo y cómo se esta cubriendo. Qué relación se está construyendo con las estrategias del narco. Qué efectos sociales y políticos se genera con la cobertura de los medios. Cómo ayudar a la sociedad a enfrentar este problema. Cómo ayudar a las autoridades que están haciendo bien su trabajo.
Para que tenga éxito esta reflexión es recomendable que se haga de manera abierta a la sociedad. Como una postura editorial que se toma de cara a la población. Incluso, como un ejercicio que vaya más allá de un medio en particular para que se convierta en una reflexión gremial. En este proceso será necesario aprender de experiencias internacionales como la colombiana o la española, cuyos medios han aprendido a lidiar con las estrategias y tácticas de grupos que actúan en contra de la sociedad, ya sea que se trate de grupos guerrilleros, paramilitares, delincuencia organizada o terrorismo.
Pero esa es sólo una parte de esta historia de necesaria contención, toca también a la sociedad entender y neutralizar las estrategias de comunicación del narco. Para ello, los ciudadanos también debemos aprender a preguntarnos sobre sus medios, sus lenguajes, sus causas y efectos. ¿Qué quieren lograr en la población?, ¿qué pasa si tienen éxito?, ¿quién gana y quien pierde con sus estrategias? No cabe duda que las campañas de esos grupos son cada vez más sofisticadas, y eso nos guste o no, nos obliga a que como sociedad seamos cada vez más conscientes, cada vez más inteligentes. Los asesores de esos grupos están haciendo su tarea, hagamos nosotros la nuestra.