Hace algunos meses advertíamos en este espacio sobre el creciente uso de estrategias de comunicación por parte del crimen organizado. En aquella ocasión, la pieza nueva eran las llamadas narcomantas que si bien ya eran conocidas en algunas ciudades, no lo eran en su uso como instrumentos de propaganda a nivel nacional. De la noche a la mañana decenas de lonas aparecían de norte a sur de la República Mexicana acusando a autoridades locales y federales de estar ligadas al crimen organizado.
El método, lamentablemente para el país, resultó de mucha efectividad. Los mensajes fueron retomados por los medios y reproducidos incluso en las primeras planas de algunos de los principales diarios. Y hasta en un gesto absurdo alguna autoridad citó el contenido de esas mantas para documentar el peso de un delincuente capturado, validando así la veracidad de sus dichos.
Pero los narcotraficantes parecen decididos a ir por más y ahora -según el gobernador del estado de Nuevo León, Natividad González Parás- habrían encontrado nuevos soportes para sus mensajes, más impactantes, más efectivos. Se trata de jóvenes, mujeres y niños que son la apuesta más reciente de los grupos que aspiran a debilitar a México y a sus autoridades. Usados como grupo de choque, estos pobladores son llevados -podemos suponer que mediante un pago económico de por medio- para que se manifiesten en contra de la presencia del Ejército mexicano en las calles; expresión que podría ser legítima y espontánea pero que se ve envuelta por la sospecha.
Las razones son muchas, el carácter violento de los participantes, el rostro encubierto de muchos de los integrantes y lo más revelador, la acción concertada en ocho ciudades del país. Cualquiera que haya participado organizando a la sociedad sabe que sacar a la población a las calles requiere usualmente dos elementos: trabajo de creación de conciencia y dinero, lo cual nos lleva a pensar que estas reciente expresiones difícilmente pueden ser entendidas como acciones naturales de la sociedad. O debemos creer que de forma casual los habitantes de ocho ciudades decidieron salir con la misma demanda.
El desafío es mayor. Por un lado porque genera una tensión entre las autoridades y estos manifestantes que muy probablemente no estén formalmente vinculados al crimen organizado. Por el contrario, de acuerdo a diversas crónicas periodísticas se trata en su mayoría de personas de escasos recursos que están siendo utilizadas. Siendo así se entiende que al mismo tiempo que la autoridad -local o federal- debe hacer cumplir la ley, debe ser muy cuidadosa en no caer en la trampa de reprimir haciendo un mal uso de la fuerza, lo que podría terminar generando una auténtica condena a los encargados de las áreas de seguridad, blanco entre otros, de estas estrategias.
Por otro lado, el tema es complejo para los medios de comunicación encargados de transmitir esta nueva situación. Como suele ocurrir en estos casos es importante evitar caer en los falsos dilemas: entre el rechazo a cualquier forma de protesta social y el aval incondicional a cualquier manifestación pues cualquiera de las dos posturas sería una mala explicación de lo que está pasando.
El tema, para ser entendido con seriedad, tendría que llevar a los medios a entender las estrategias y tácticas del comunicación del crimen organizado, a explorar y describir qué está pasando en esas comunidades que están siendo aprovechadas por el narcotráfico; y a evaluar la capacidad del Estado – incluyendo a su población y gobierno, en sus tres poderes y niveles de gobierno – para hacer frente a estos nuevos recursos de la delincuencia.
Con este nuevo capítulo de la guerra al narcotráfico queda en claro que el crimen organizado cada vez se mediatiza y se politiza más, y eso en si mismo, es algo que a todos debiera preocupar.
